Según el último borrador del nuevo reglamento de Acción Social, el Personal Residente en Formación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se incluirá en este documento, tal y como ha demandado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSSA) en reiteradas ocasiones desde hace más de un año.
Esta medida afectará a 3.287 profesionales.Así, los MIR, EIR, BIR, PIR, FIR y QUIR se incluirán en el Ámbito Personal de la nueva propuesta del reglamento de Acción Social de la Administración andaluza.
De esta manera, y según el último borrador del nuevo reglamento de Acción Social, y tras el informe realizado por Función Pública para aclarar la situación del Personal en Formación, la Administración ratificará esta medida en la próxima reunión que apruebe este documento.
El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Manuel Pérez, ha declarado que “por fin parece que se va a acabar con la discriminación que sufrían los profesionales en Formación en el SAS”.En anteriores borradores, la Administración argumentaba su negativa a la propuesta de CCOO alegando que no era personal de la Junta de Andalucía. Sin embargo, este sindicato siempre ha mantenido que se trata de personal laboral gestionado por el SAS y se encuentra en los presupuestos de la Junta (concretamente en el Capítulo I).
Agresiones al personal sanitarioEn otro orden de cosas, el portavoz del Grupo Andalucista en la Diputación Provincial de Sevilla, Tomás Alfaro, ha avanzado que su formación elevará ante el Pleno de la Corporación provincial una moción en la que pedirá que las agresiones al personal sanitario se consideren como delito de atentado a una autoridad pública, tipificado en el código penal, y no como falta. Alfaro, que confió recabar el apoyo de todos los grupos con representación en la Institución supramunicipal para aprobar esta iniciativa, explicó que con dicha medida pretenden "abrir un debate acerca del aumento de la agresividad de la sociedad en general contra los profesionales sanitarios y de la educación".
En este senido, avanzó que la intención de su grupo es elevar la misma iniciativa "en los plenos de todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales de Andalucía", al objeto de que "para el segundo trimetre de este año pudiésemos disponer, en conjunto con la Fiscal Superior de Andalucía y los colegios profesionales, un convenio-marco para que las agresiones al personal sanitario se califiquen como delito" de atentado a autoridad pública.
A este respecto, la secretaria nacional de Políticas Sectoriales del PA, María Ángeles Sánchez, detalló que el objetivo final es alcanzar un acuerdo "similar al que la Fiscalía de Madrid y el Colegio de Médicos de esa comunidad firmaron en 2008 para que estas agresiones se califiquen como delito".
Para ello, concretó que desde su formación también han remitido la citada iniciativa a los principales corporaciones profesionales de sanitarios, entre los que citó los colegios de Médicos, Enfermeros y Fisioterapeutas, "a fin de que tengan conocimiento esta medida y nos pueda aportar también su visión", valoró.
Pese a reconocer que en Andalucía el Gobierno autonómico dispone de un plan de preveción contra las agresiones al personal sanitario, sostuvo que el mismo "está más dirigido a la prevención y no ya tanto a cuando se produce la agresión, cuya cobertura queda un poco al margen"."La prevención en estos casos es algo muy importante, pero creemos que es necesario alcanzar un acuerdo similar al que ya existe en Madrid, en el cual también podría participar la Administración andaluza", señaló.Según expuso la dirigente andalucistas, los profesionales sanitarios "no pueden ser las víctimas del mal funcionamiento de los servicios sanitarios, sobre todo, en las puertas de urgencias y por la falta de medios", reprochó.Por todo ello, apostó por aprobar iniciativas de este tipo que reduzcan las agresiones, "ya que lo que no podemos esperar es a que en Andalucía tenga lugar un caso similar al ocurrido en Murcia para tomar las medidas oportunas", zanjó.
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