Recelo sanitario a la muerte digna

Las asociaciones de profesionales y sindicatos se muestran a favor del proyecto de ley de la Junta, pero critican que el articulado prevea sanciones para los médicos que se nieguen a aplicarla
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA El proyecto de ley que regula la asistencia a los enfermos terminales, también conocido como muerte digna, cuenta con el respaldo de buena parte de la comunidad sanitaria de la provincia, aunque no lo suficiente como para permanecer al margen de la controversia. Especialmente, en lo que respecta a uno de sus puntos, consistente en el establecimiento de sanciones para los médicos que incumplan sus postulados.En boca de los expertos, la normativa reduce su carácter innovador al plano jurídico, ya que la mayoría de sus principios se aplican con normalidad en los centros hospitalarios. Es el caso de la no prolongación del sufrimiento o la utilización de artificios y tratamientos sin ninguna esperanza paliativa o de curación. "El encarnizamiento terapéutico va en contra de toda ética. Nadie lo practica, pero está bien que se regulen estas cosas", señala Eugenio Pérez, secretario provincial del sindicato de enfermeros Satse.En líneas generales, la mayor parte de la ley se queda sin oposición en el sistema público. Si no fuera por el capítulo de las sanciones, que levanta ampollas y muestras de repulsa en numerosos sanitarios, el articulado despertaría un sentimiento favorable, aunque no demasiado entusiasta. Rafael González, responsable sanitario de CCOO, resalta algunos de los motivos del proyecto, que, en su opinión, pone fin al vacío legal y esclarece la frontera, a ratos débil, que separa los conceptos asociados a la muerte digna de la eutanasia. No obstante, se muestra inflexible en el apartado de obligatoriedad para los sanitarios, un aspecto que considera innecesario dada la preponderancia de la objeción de conciencia. "La ley se cumplirá, pero hay los suficientes médicos como para no tener que recurrir al imperativo". Una opinión parecida expresa Eugenio Pérez, que sitúa este punto en un espacio poco armónico con el resto del articulado. La ley, argumenta, se inspira en la protección de derechos de los ciudadanos y no casa con el epígrafe de sanciones. "Eso rompe su contenido", indica. El único que defiende este aspecto es el secretario sanitario de UGT, Juan Miguel Contioso, que considera que los médicos no están legitimados para abstenerse en la aplicación de la ley. "Lo que tienen que hacer es aplicar la norma", apunta. En cuanto a los facultativos, las impresiones comienzan en la queja por la falta de información. La Administración, sostienen, aún no les ha remitido el proyecto de ley, lo que impide que tengan una visión en conjunto al respecto.Sin embargo, coinciden en rechazar cualquier tipo de articulado que no tenga en cuenta nociones como la objeción de conciencia. Carlos López, secretario del Sindicato de Médicos de Málaga, que insiste en que hay que esperar hasta la configuración definitiva del documento, asegura que obligar a los médicos a ejecutar la normativa es "un disparate" con visos, incluso, de inconstitucionalidad.