Para que el lector se haga una idea, el precio medio diario de un paciente encamado en un gran hospital público es de 600 euros. En cambio, en una clínica privada el dinero que se abona ronda los 150 o 200 euros de media, de ahí que al SAS le salga más rentable firmar conciertos con clínicas privadas para aligerar su lista de espera de algunas patologías que llevar a cabo esas operaciones con sus propios medios y profesionales.
Estar sano no sólo es bueno para la persona cuyo organismo no soporta ninguna enfermedad, sino que repercute beneficiosamente en las cuentas de la Consejería de Salud y del SAS. Y es que la salud tiene un precio muy elevado. Así, el gasto sanitario público en Málaga supera los 1.900 millones de euros este año (dinero que es tres veces el importe que vale construir y equipar el macrohospital), lo que representa un coste medio que rebasa los 1.260 euros por persona. Las cifras son claras y no dejan lugar a dudas: la factura sanitaria crece de forma imparable. Eso hace que el SAS y la Consejería de Salud realicen a diario un importante desembolso para atender las necesidades de los enfermos. El progresivo envejecimiento de la población y el aumento de padecimientos crónicos incrementan las necesidades de recibir asistencia. A ello se une al avance de las nuevas tecnologías y de tratamientos novedosos muy eficaces, pero con un coste muy caro. Aparte, hay que contar con el gasto farmacéutico, cantidad que el año pasado se elevó a 410 millones de euros en la provincia de Málaga. La suma del dinero destinado a hacer frente a las nóminas de los profesionales, las inversiones en tecnología, las obras de mejora en los centros, las pruebas diagnósticas, las intervenciones quirúrgicas, las estancias hospitalarias, los tratamientos farmacológicos, la investigación, los conciertos con clínicas privadas y el transporte sanitario, entre otras partidas, suponen un cuantioso gasto cada año. En el caso de Málaga, esa cantidad supera los 2.000 millones de euros este año, es decir, a los más 1.900 del gasto sanitario hay que añadir un centenar, aproximadamente, dirigido a lo que el sistema sanitario público andaluz denomina actividades complementarias. El importe mayor de ellas son los 65,5 millones de euros con los que se sufragan los conciertos con la sanidad privada. Entre esos acuerdos destacan los suscritos con los centros privados Hospital Doctor Pascual, Clínica La Encarnación, Clínica Nuestra Señora del Pilar y el Centro Asistencial San Juan de Dios.
La idea de que la asistencia sanitaria publica es gratuita se sustenta en un error. El usuario no paga de forma directa tras recibir la atención, pero lo hace de manera indirecta a través de los impuestos. Lo que resulta evidente es que la mayoría de los ciudadanos no podrían asumir el coste de la factura de operaciones de gran complejidad, largas estancias en la unidad de cuidados intensivos o tratamientos de por vida de padecimientos crónicos. Por eso, para que no se rompa la equidad, es necesario hacer un uso racional de los hospitales y de los centros de salud. A veces, como no se abona en metálico nada cuando se recurre a la sanidad pública, existe la sensación de que el servicio que se recibe no tiene ningún coste, cuando eso no es así, sino todo lo contrario. La consecuencia es una mala utilización de los recursos.
La Consejería de Salud va a poner en marcha un proyecto llamado 'factura sombra' que consiste en entregarles a los pacientes una nota con el precio que ha supuesto su atención. La medida empezará a aplicarse en el Hospital Costa del Sol. Con 'la factura sombra', que no tendrá coste para el usuario, se pretende mejorar el uso racional de la sanidad.
Ir a urgencias indebidamente
«No le negamos la asistencia a nadie cuando acude a un hospital o a un centro de salud, independientemente de que su problema no nos corresponda a nosotros resolverlo. Lo que no parece lógico es ir a las urgencias de un hospital con una rozadura leve en un pie, producida por el calzado, cuando es algo que se solventa con una simple tirita», afirma un profesional consultado por este periódico. Otros expertos consideran que la creencia de que la sanidad es gratuita crea unas expectativas entre la población que no se corresponden con la realidad. «Es preciso explicar bien que los recursos no son infinitos y que el coste en salud es cada vez mayor», señalaron.
El importe es muy superior en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital del tipo de Carlos Haya, donde un paciente le cuesta al SAS cada día una media de 2.000 euros y, en casos muy graves, en los que el enfermo precisa ventilación asistida y tratamientos sofisticados, el importe diario puede llegar a los 3.000 euros. El coste de la estancia en una UCI de un centro privado es más barato y oscila de media entre los 400 y los 500 euros. El motivo de esa diferencia tan abrumadora de precios estriba en que los hospitales públicos disponen de mucho más profesionales de todas las categorías (médicos especialistas, enfermeros, auxiliares, celadores, personal de limpieza, etcétera), lo que dispara los costes, sin dejar en el olvido lo caros que son algunos de los tratamientos que se aplican en la sanidad pública y que para la privada no resultan rentables.
Los medicamentos antirretrovirales que recibe cada persona con VIH-sida suponen, por ejemplo, un desembolso anual que está en torno a los 6.000 euros, mientras que las terapias biológicas que se emplean para combatir dolencias neurológicas, reumatológicas o alergológicas se pueden ir a los 10.000 euros por usuario. Una operación para implantar una prótesis de cadera llega a los 5.000 euros y, si el proceso se complica, alcanza los 6.000 euros. Asimismo, una intervención de neurocirugía para extirpar un tumor cerebral muy complejo, en la que participan distintos especialistas y se prolonga durante varias horas, puede supera los 20.000 euros.
«El gasto sanitario es una especie de caja sin fondo. Cuanto más dinero se destina, más son las demandas y necesidades de la población», indican las fuentes citadas anteriormente. «La clave para que la situación no se nos escape de las manos y no haya forma de cubrir de forma gratuita todas las prestaciones es hacer un mejor uso de la sanidad pública. Hace falta mayor concienciación», señalan. En ese sentido, subrayan que el progresivo e imparable envejecimiento de los españoles agudizará el problema en los próximos años.
Los avances quirúrgicos y tecnológicos permiten salvar la vida a pacientes que hace unas décadas no tenían ninguna posibilidad de supervivencia. Esas técnicas y tratamientos son efectivos, pero muy caros. Un trasplante de riñón cuesta 28.000 euros, y el dinero que se invierte en ese paciente para cubrir el tratamiento del primer año tras el implante renal es 55.000 euros. Por su parte, un trasplante de hígado sale por 56.000 euros, mientras que uno de corazón por 53.000 y uno de pulmón por 62.000 euros. El precio anual por enfermo que recibe un tratamiento de hemodiálisis es de 40.000 euros.
Para hacer frente a todos sus gastos, los hospitales de gran nivel deben manejar presupuestos muy elevados. En el caso del Complejo Hospitalario Carlos Haya sus cuentas de este año llegan a los 460,8 millones de euros, mientras que las del Clínico son de 250 millones. Por su parte el del Costa del Sol de Marbella (incluido el CHARE de Benalmádena) asciende a 168 millones de euros.
Distritos sanitarios
El distrito de atención primaria con un mayor volumen presupuestario es el de Málaga, con 87 millones, seguido por el de la Costa del Sol (60,4 millones) y el del Guadalhorce (26,8 millones). La investigación en materia de salud en la provincia malagueña también dispone de una partida importante: 20 millones de euros. Asimismo, el dinero destinado este ejercicio para el área de gestión sanitaria de la Axarquía es de 97,7 millones de euros, cantidad que para el área de la Serranía suma 87,6 millones, mientras que a la zona de Antequera le corresponden 85,6 millones de euros.
